Sentencia/Laudo. Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE EL PASO. POLICIA LOCAL de Tenerife

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Sentencia/Laudo Expediente de revision de oficio de las retribuciones de la Policia Local Municipal 03/03/2014 Boletín Oficial de Tenerife 03/03/2014 Documento oficial en PDF

Expediente de revision de oficio de las retribuciones de la Policia Local Municipal (Boletín Oficial de Tenerife núm. 30 de 03/03/2014)
ACUERDO

El Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión Extraordinaria de 18 de febrero de 2014 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Visto que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 26 de noviembre de 2013 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero: Iniciar expediente de revisión de oficio de los derechos adquiridos por la Policía Local Municipal por silencio administrativo en virtud de sentencias dictadas en procedimientos nº 459/2009 y nº 461/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, en virtud del artículo 62.1 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por estimarse que se han adquirido derechos careciendo totalmente de los requisitos para ello.

Segundo: Disponer la acumulación del procedimiento de revisión de los derechos adquiridos por la Policía Local Municipal por silencio administrativo en virtud de sentencias dictadas en procedimientos nº 459/2009 y nº 461/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Tercero: Que no se suspenda la ejecución del acto, por no causar perjuicio de imposible o muy difícil reparación.

Cuarto: Que, si se estimare oportuno, se impulse el procedimiento en todos sus trámites.

Visto que se dio audiencia a los interesados mediante notificación personal y publicación de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (nº 163 del miércoles 11 de diciembre de 2013) y en el Tablón municipal de edictos.

Vistas las alegaciones presentadas por los interesados que constan certificadas en el expediente administrativo instruido al efecto con fecha de 8 de enero de 2014.

Visto informe de Secretaría de 8 de enero de 2014 que, copiado literalmente, dice:

Informe de Secretaría.

Alegaciones en expediente de revisión de oficio de las retribuciones de la Policía Local obtenidas por silencio administrativo a raíz de sentencias dictadas en procedimientos nº 459/2009 y 461/2009.

Antecedentes:

Primero: El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 26 de noviembre de 2013 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero: Iniciar expediente de revisión de oficio de los derechos adquiridos por la Policía Local Municipal por silencio administrativo en virtud de sentencias dictadas en procedimientos nº 459/2009 y nº 461/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, en virtud del artículo 62.1 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por estimarse que se han adquirido derechos careciendo totalmente de los requisitos para ello.

Segundo: Disponer la acumulación del procedimiento de revisión de los derechos adquiridos por la Policía Local Municipal por silencio administrativo en virtud de sentencias dictadas en procedimientos nº 459/2009 y nº 461/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Tercero: Que no se suspenda la ejecución del acto, por no causar perjuicio de imposible o muy difícil reparación.

Cuarto: Que, si se estimare oportuno, se impulse el procedimiento en todos sus trámites.

Segundo: Se notificó el acuerdo a los funcionarios de la plantilla de la Policía Local Municipal, según queda acreditado en el expediente.

Tercero: se procedió, asimismo, a la notificación por publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (nº 163 del miércoles 11 de diciembre de 2013) y en el tablón municipal de edictos.

Cuarto: Que se han presentado en plazo las siguientes alegaciones:

- Juan Antonio Martín Armas, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7956.

- Pedro Arsenio Plata Magdalena, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7957.

- Juan Antonio Martín Armas, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7958.

- Pedro Arsenio Plata magdalena, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7959.

- Lope Samuel Rodríguez Lorenzo, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7964.

- María del Rosario Lorenzo Santana, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7965.

- Antonio Adelio González Rodríguez, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7966.

- Juan Antonio Martín Rodríguez, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7967.

- José Ricardo Lorenzo Pérez, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7968.

- Baudilio Nicolás Morales Grillo, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7969.

- María del Rosario Lorenzo Santana, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7970.

- Antonio Adelio González Rodríguez, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7971.

- José Ricardo Lorenzo Pérez, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7972.

- Lope Samuel Rodríguez Lorenzo, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7973.

- Antonio Miguel Ramón Pulido, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7974.

- Juan Antonio Martín Rodríguez, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7975.

- Antonio Miguel Ramón Pulido, con fecha de 19 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 8003.

- José Manuel Lorenzo Riverol, con fecha de 19 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 8004.

- José Manuel Lorenzo Riverol, con fecha de 19 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 8005.

- Alejandro Pérez Capote, con fecha de 19 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 8016.

- Alejandro Pérez Capote, con fecha de 19 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 8017.

- Baudilio Nicolás Morales Grillo, con fecha de 20 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 8058.

Fundamentos de derecho:

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículos 43, 62, 102, 105, 106.

Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, artículo 11.

Decreto 181/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, artículo 53.

Consideraciones jurídicas.

Primero: En primer lugar se produce una confusión con el término de revocación, sólo aplicable éste a los actos desfavorables o de gravamen, no siendo el supuesto que nos ocupa. Lo que se pretende en el expediente que se sigue es la declaración de nulidad del acto, precisamente por haber incurrido el mismo en el supuesto de nulidad expresado en el artículo 62 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a saber, haber adquirido facultades o derechos acreciendo de los requisitos esenciales para ello. Respecto a las sentencias, se limitan a confirmar el sentido positivo o estimatorio del silencio del artículo 43 de la Ley de procedimiento administrativo, advirtiendo que queda expedita la vía de la revisión de oficio. No entra, por tanto, la sentencia a pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Segundo: Respecto a las resoluciones, el Ayuntamiento, mediante resoluciones de la Alcaldía, nº 862/2012 y 872/2012 acatando tales sentencias, tal y como era el mandato judicial. No menos cierto que la posibilidad de emplear la vía de revisión de oficio de la Ley 30/1992.

Tercero: En lo que afecta a la tramitación del expediente, y concretamente al informe del Consejo Consultivo, éste no se pronuncia en relación a la conveniencia de iniciación del expediente, sino en referencia a la resolución del mismo, a la propuesta de resolución según el Decreto 181/2005, de 26 de julio, exigiéndose el dictamen en sentido favorable a la declaración de nulidad. Respecto a la indefensión, se dio trámite de audiencia, mediante notificación al personal en plantilla de la policía local y a través de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Tablón de Edictos, como queda acreditado en el expediente y una vez iniciado el mismo; no entendiéndose una eventual procedencia de actuaciones previas como si de procedimiento sancionador se tratara.

Cuarto: Respecto a la interpretación que de las causas de nulidad pueda hacer el Consejo Consultivo, no es quien esta secretaria para valorar, quedando a la espera del preceptivo dictamen que, en su caso, habría de ser favorable a la declaración de nulidad, con su criterio mejor fundado en derecho.

Quinto: En el mismo sentido cabe pronunciarse respecto a los alegantes, siéndole Consejo Consultivo el competente para emitir dictamen. La igualdad argumentada y, por ende, la vulneración del artículo 14 de la CE 78, puesto que se ha de partir de valoraciones objetivas de puestos de trabajo, dentro de los marcos legalmente establecidos, no de equiparaciones lineales con el resto de personal municipal; en referencia a esto ya se pronunció el informe de secretaría de fecha 18 de abril de 2013. La misma sentencia del TC consagra la necesidad de poderse contemplar normativamente situaciones distintas.

Sexto: Respecto a los límites de las facultades de revisión de la Corporación, se enumeran los recogidos en el artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin especificar en qué términos el procedimiento de revisión es contrario a la equidad, buena fe, derechos de particulares, etc.

Séptimo: En lo que afecta a la suspensión del acto, no se acuerda la misma. Del informe de la Intervención se extrae propuesta en el sentido de la no procedencia de suspender la ejecución del acto. En los mismos términos se pronuncia la propuesta que eleva la Alcaldía al Pleno y el mismo acuerdo plenario por entender que continuar en su ejecución no produciría perjuicio de imposible o muy difícil reparación. Continuará, por tanto, esta Administración abonando las cantidades obtenidas por silencia administrativo a raíz de las sentencias dictadas, a espera de la resolución del expediente de revisión de oficio que se tramita y del que habrán de dilucidarse los derechos que corresponden a las partes en cuanto a abonos o devoluciones de cantidades percibidas.

Conclusiones:

Vistas las alegaciones presentadas por los interesados, en lo referente a la tramitación del expediente, se estima que han quedado garantizados los derechos de audiencia a los interesados, impulsando el procedimiento en sus trámites y a expensas de la solicitud y emisión de dictamen del Consejo Consultivo de Canarias que, en su caso, habrá de pronunciarse en sentido favorable. En todo caso, el órgano consultivo se pronunciará en relación a la tramitación del expediente y, en su caso, requerirá las actuaciones complementarias que sean imprescindibles.

Respecto al fondo del asunto, no se infiere que los interesados nieguen la causa de nulidad del artículo 62 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ni fundamente la procedencia de sus retribuciones más allá que derivándolas del sentido positivo del silencio consagrado en las mentadas sentencias judiciales.

En ningún momento se acuerda la suspensión del acto administrativo objeto de revisión, por entender que continuar en su ejecución no causaría a las partes perjuicio de imposible o muy difícil reparación, no procediendo lo alegado por los interesados.

Propuesta:

Visto cuanto antecede se eleva lo siguiente para su consideración por el órgano competente:

Primero: Admitir a trámite las alegaciones presentadas por los interesados, al haber sido presentadas en plazo.

Segundo: Desestimar estas alegaciones, puesto que, según lo expresado en el cuerpo de este informe, no oponen fundamentos legales a la causa de nulidad esgrimida, entendiendo que la pretensión de declaración de nulidad es conforme a derecho, puesto que, en ningún momento, los interesados constatan disponer efectivamente de las facultades necesarias para adquirir los derechos obtenidos por silencio administrativo.

Es cuanto me complace informar, en la Ciudad de El Paso, a 8 de enero de 2014.

La Secretaria, Miriam Pérez Afonso. Vista propuesta de Resolución de la Alcaldía que se transcribe:

Propuesta de resolución de la Alcaldía:

Primero: Admitir a trámite las alegaciones presentadas por los interesados, al haber sido presentadas en plazo.

Segundo: Desestimar estas alegaciones, puesto que, según lo expresado en el cuerpo de este informe, no oponen fundamentos legales a la causa de nulidad esgrimida, entendiendo que la pretensión de declaración de nulidad es conforme a derecho, puesto que, en ningún momento, los interesados constatan disponer efectivamente de las facultades necesarias para adquirir los derechos obtenidos por silencio administrativo.

Tercero: Declarar nulos de pleno derecho los derechos adquiridos por la Policía Local Municipal por silencio administrativo en virtud de sentencias dictadas en procedimientos nº 459/2009 y nº 461/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, en virtud del artículo 62.1 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por estimarse que se han adquirido derechos careciendo totalmente de los requisitos para ello, quedando acreditado en el expediente instruido al efecto que tales derechos no han venido precedidos de una valoración objetiva de los puestos de trabajo, ni de los oportunos acuerdos plenarios en orden a la fijación de los complementos de destino y específico.

En El Paso, a 8 de enero de 2014.

La Alcaldesa, María Dolores Padilla Felipe.

Visto que se insta la emisión de dictamen por el Consejo Consultivo de Canarias, recibido el día 6 de febrero de 2014, que concluye:

Conclusiones.

1.- Los actos presuntos que atribuyeron a los funcionarios Juan Antonio Martín Armas, Pedro Arsenio Plata Magdalena, Lope Samuel Rodríguez Lorenzo, María del Rosario Lorenzo Santana, Antonio Adelio González Rodríguez, Juan Antonio Martín Rodríguez, José Ricardo Lorenzo Pérez, Baudilio Nicolás Morales Grillo, Antonio Miguel Ramón Pulido, José Manuel Lorenzo Riverol y Alejandro Pérez Capote el derecho a percibir los complementos de destino y específico en una cuantía superior a la que fijaba para sus puestos de trabajo la RPT del Ayuntamiento de El Paso incurren en las causas de nulidad definidas en los apartados e) y f) del artículo 62.1 LRJAP-PAC, por lo que es conforme a derecho que declare su nulidad la Propuesta de Resolución que se dictamina.

2.- La Resolución del presente procedimiento corresponde al pleno. La Propuesta de Resolución presenta las deficiencias subsanables que se señalan en el fundamento IV.3 de este dictamen.

Visto cuanto antecede se eleva al Pleno la siguiente Propuesta de Resolución, subsanada según el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias recaído en este expediente DCC 35/2014.

Primero: Admitir a trámite las alegaciones presentadas por los interesados, al haber sido presentadas en plazo.

Segundo: Desestimar estas alegaciones, puesto que, según lo expresado en el cuerpo del informe de Secretaría de 8 de febrero de 2014, que se transcribe, no oponen fundamentos legales a la causa de nulidad esgrimida, entendiendo que la pretensión de declaración de nulidad es conforme a derecho, puesto que, en ningún momento, los interesados constatan disponer efectivamente de las facultades necesarias para adquirir los derechos obtenidos por silencio administrativo.

Informe de Secretaría.

Alegaciones en expediente de revisión de oficio de las retribuciones de la Policía Local obtenidas por silencio administrativo a raíz de sentencias dictadas en procedimientos nº 459/2009 y 461/2009.

Antecedentes:

Primero: El Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria de 26 de noviembre de 2013 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero: Iniciar expediente de revisión de oficio de los derechos adquiridos por la Policía Local Municipal por silencio administrativo en virtud de sentencias dictadas en procedimientos nº 459/2009 y nº 461/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, en virtud del artículo 62.1 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por estimarse que se han adquirido derechos careciendo totalmente de los requisitos para ello.

Segundo: Disponer la acumulación del procedimiento de revisión de los derechos adquiridos por la Policía Local Municipal por silencio administrativo en virtud de sentencias dictadas en procedimientos nº 459/2009 y nº 461/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Tercero: Que no se suspenda la ejecución del acto, por no causar perjuicio de imposible o muy difícil reparación.

Cuarto: Que, si se estimare oportuno, se impulse el procedimiento en todos sus trámites.

Segundo: Se notificó el acuerdo a los funcionarios de la plantilla de la Policía Local Municipal, según queda acreditado en el expediente.

Tercero: se procedió, asimismo, a la notificación por publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (nº 163 del miércoles 11 de diciembre de 2013) y en el Tablón Municipal de Edictos.

Cuarto: Que se han presentado en plazo las siguientes alegaciones:

- Juan Antonio Martín Armas, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7956.

- Pedro Arsenio Plata Magdalena, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7957.

- Juan Antonio Martín Armas, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7958.

- Pedro Arsenio Plata magdalena, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7959.

- Lope Samuel Rodríguez Lorenzo, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7964.

- María del Rosario Lorenzo Santana, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7965.

- Antonio Adelio González Rodríguez, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7966.

- Juan Antonio Martín Rodríguez, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7967.

- José Ricardo Lorenzo Pérez, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7968.

- Baudilio Nicolás Morales Grillo, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7969.

- María del Rosario Lorenzo Santana, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7970.

- Antonio Adelio González Rodríguez, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7971.

- José Ricardo Lorenzo Pérez, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7972.

- Lope Samuel Rodríguez Lorenzo, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7973.

- Antonio Miguel Ramón Pulido, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7974.

- Juan Antonio Martín Rodríguez, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7975.

- Antonio Miguel Ramón Pulido, con fecha de 19 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 8003.

- José Manuel Lorenzo Riverol, con fecha de 19 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 8004.

- José Manuel Lorenzo Riverol, con fecha de 19 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 8005.

- Alejandro Pérez Capote, con fecha de 19 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 8016.

- Alejandro Pérez Capote, con fecha de 19 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 8017.

- Baudilio Nicolás Morales Grillo, con fecha de 20 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 8058.

Fundamentos de derecho:

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículos 43, 62, 102, 105, 106.

Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, artículo 11.

Decreto 181/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, artículo 53.

Consideraciones jurídicas.

Primero: En primer lugar se produce una confusión con el término de revocación, sólo aplicable éste a los actos desfavorables o de gravamen, no siendo el supuesto que nos ocupa. Lo que se pretende en el expediente que se sigue es la declaración de nulidad del acto, precisamente por haber incurrido el mismo en el supuesto de nulidad expresado en el artículo 62 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a saber, haber adquirido facultades o derechos acreciendo de los requisitos esenciales para ello. Respecto a las sentencias, se limitan a confirmar el sentido positivo o estimatorio del silencio del artículo 43 de la Ley de procedimiento administrativo, advirtiendo que queda expedita la vía de la revisión de oficio. No entra, por tanto, la sentencia a pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Segundo: Respecto a las resoluciones, el Ayuntamiento, mediante resoluciones de la Alcaldía, nº 862/2012 y 872/2012 acatando tales sentencias, tal y como era el mandato judicial. No menos cierto que la posibilidad de emplear la vía de revisión de oficio de la Ley 30/1992.

Tercero: En lo que afecta a la tramitación del expediente, y concretamente al informe del Consejo Consultivo, éste no se pronuncia en relación a la conveniencia de iniciación del expediente, sino en referencia a la resolución del mismo, a la propuesta de resolución según el Decreto 181/2005, de 26 de julio, exigiéndose el dictamen en sentido favorable a la declaración de nulidad. Respecto a la indefensión, se dio trámite de audiencia, mediante notificación al personal en plantilla de la policía local y a través de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Tablón de Edictos, como queda acreditado en el expediente y una vez iniciado el mismo; no entendiéndose una eventual procedencia de actuaciones previas como si de procedimiento sancionador se tratara.

Cuarto: Respecto a la interpretación que de las causas de nulidad pueda hacer el Consejo Consultivo, no es quien esta secretaria para valorar, quedando a la espera del preceptivo dictamen que, en su caso, habría de ser favorable a la declaración de nulidad, con su criterio mejor fundado en derecho.

Quinto: En el mismo sentido cabe pronunciarse respecto a los alegantes, siéndole Consejo Consultivo el competente para emitir dictamen. La igualdad argumentada y, por ende, la vulneración del artículo 14 de la CE 78, puesto que se ha de partir de valoraciones objetivas de puestos de trabajo, dentro de los marcos legalmente establecidos, no de equiparaciones lineales con el resto de personal municipal; en referencia a esto ya se pronunció el informe de secretaría de fecha 18 de abril de 2013. La misma sentencia del TC consagra la necesidad de poderse contemplar normativamente situaciones distintas.

Sexto: Respecto a los límites de las facultades de revisión de la Corporación, se enumeran los recogidos en el artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin especificar en qué términos el procedimiento de revisión es contrario a la equidad, buena fe, derechos de particulares, etc.

Séptimo: En lo que afecta a la suspensión del acto, no se acuerda la misma. Del informe de la Intervención se extrae propuesta en el sentido de la no procedencia de suspender la ejecución del acto. En los mismos términos se pronuncia la propuesta que eleva la Alcaldía al Pleno y el mismo acuerdo plenario por entender que continuar en su ejecución no produciría perjuicio de imposible o muy difícil reparación. Continuará, por tanto, esta Administración abonando las cantidades obtenidas por silencia administrativo a raíz de las sentencias dictadas, a espera de la resolución del expediente de revisión de oficio que se tramita y del que habrán de dilucidarse los derechos que corresponden a las partes en cuanto a abonos o devoluciones de cantidades percibidas. Conclusiones:

Vistas las alegaciones presentadas por los interesados, en lo referente a la tramitación del expediente, se estima que han quedado garantizados los derechos de audiencia a los interesados, impulsando el procedimiento en sus trámites y a expensas de la solicitud y emisión de dictamen del Consejo Consultivo de Canarias que, en su caso, habrá de pronunciarse en sentido favorable. En todo caso, el órgano consultivo se pronunciará en relación a la tramitación del expediente y, en su caso, requerirá las actuaciones complementarias que sean imprescindibles.

Respecto al fondo del asunto, no se infiere que los interesados nieguen la causa de nulidad del artículo 62 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ni fundamente la procedencia de sus retribuciones más allá que derivándolas del sentido positivo del silencio consagrado en las mentadas sentencias judiciales.

En ningún momento se acuerda la suspensión del acto administrativo objeto de revisión, por entender que continuar en su ejecución no causaría a las partes perjuicio de imposible o muy difícil reparación, no procediendo lo alegado por los interesados.

Propuesta:

Visto cuanto antecede se eleva lo siguiente para su consideración por el órgano competente:

Primero: Admitir a trámite las alegaciones presentadas por los interesados, al haber sido presentadas en plazo.

Segundo: Desestimar estas alegaciones, puesto que, según lo expresado en el cuerpo de este informe, no oponen fundamentos legales a la causa de nulidad esgrimida, entendiendo que la pretensión de declaración de nulidad es conforme a derecho, puesto que, en ningún momento, los interesados constatan disponer efectivamente de las facultades necesarias para adquirir los derechos obtenidos por silencio administrativo.

Es cuanto me complace informar, en la Ciudad de El Paso, a 8 de enero de 2014.

La Secretaria, Miriam Pérez Afonso.

Tercero: Declarar nulos de pleno derecho los derechos adquiridos por la Policía Local Municipal por silencio administrativo en virtud de sentencias dictadas en procedimientos nº 459/2009 y nº 461/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, en virtud del artículo 62.1 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por estimarse que se han adquirido derechos careciendo totalmente de los requisitos para ello, quedando acreditado en el expediente instruido al efecto que tales derechos no han venido precedidos de una valoración objetiva de los puestos de trabajo, ni de los oportunos acuerdos plenarios en orden a la fijación de los complementos de destino y específico y según lo recogido en los informes de Secretaría e Intervención que, a continuación, se transcriben, incorporándose a la presente como motivación de la resolución, iniciándose asimismo expediente de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas a raíz de las sentencias señaladas:

Informe de Secretaría.

Recibida Providencia de la Alcaldía de 16 de abril de 2013 en orden a que se evacúe informe en relación a los derechos adquiridos por la Policía Local Municipal mediante silencio administrativo y vistas sentencias dictadas en procedimientos nº 459/2009 y 461/2009, Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Antecedentes:

Primero: Con fecha de 9 de abril de 2008 y nº de asiento de Entrada 2073 se recibe en esta Corporación instancia de Don Antonio Adelio González Rodríguez en la que expone:

"Con respecto a la reciente subida de grupo experimentada en los funcionarios de Policía Local (Grupo D a Grupo C), con motivo de la reforma de la Ley 6/1997, de 4 de julio de Coordinación de Policías Locales de Canarias, modificada por la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencia; se ha detectado por parte del Delegado de Personal, que dichos funcionarios se encuentran perjudicados, con respecto a los demás funcionarios del Grupo C de esta Administración, al encontrase muy por debajo en el complemento de DestinoPolicía Local en el nivel 16, Oficial en el Nivel 18- presentando el resto de los funcionarios encuadrados en el grupo C el nivel 20, tal y como se recoge en el artículo 14 "Tabla de Niveles y Complemento de Destino" del vigente Acuerdo del Personal Funcionario de esta Administración.

Asimismo, en el complemento específico, se ha detectado también una diferencia sustancia, con respecto a los demás funcionarios que presentan igual grupo que los funcionarios policiales de esta Administración.

Por tal motivo, y a la vista de los argumentos expuestos, este Delegado de Personal propone la corrección de dicha diferencia, modificando los niveles de los funcionarios policiales, ajustándolos al presente acuerdoPolicía Nivel 20, Oficial Nivel 20-, con el fin de regularizar la situación de perjuicio que están sufriendo en la actualidad los funcionarios policiales.

Se adjunta un anexo en el que figura un estudio económico medio del coste total que supondría la regularización salarial"

Segundo: Con fecha de 10 de julio de 2008, se reitera lo anterior con Registros de Entrada nº 4365, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366 y 4367 a instancias del Delegado de Personal y de cada funcionario del Cuerpo de Policía Local Municipal.

Tercero: Con fecha de 18 de diciembre de 2008 y nº de asiento de Entrada 7903 se insta el abono de las diferencias retributivas anteriores, exigencia en su cuantía económica de los trienios consolidados como consecuencia de la reclasificación y pase al Grupo D, perfeccionados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2007, según el nuevo grupo de titulación.

Cuarto: No se resuelve de forma expresa por el órgano municipal competente en la materia.

Quinto: Impugnado ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo se dictan sentencias en procedimientos nº 459/2009 y 461/2009 fallando en el sentido de que opera el silencio positivo en relación a las pretensiones de la Policía Local, sin perjuicio de la revisión de actos nulos.

Sexto: Mediante resoluciones de Alcaldía se acatan ambas sentencias, procediéndose al abono de las cantidades correspondientes.

Fundamentos de derecho:

En virtud de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 23, las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarán integradas única y exclusivamente por:

a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo.

b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio.

Primera. Respecto al establecimiento del complemento de destino y del complemento específico en el ámbito de la Administración Local.

La Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público dispone en su apartado segundo que «No obstante lo establecido en los Capítulos II y III del Título III, excepto el artículo 25.2, y en el Capítulo III del Título V producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto». Ello significa que hasta que las Comunidades Autónomas no aprueben sus propias leyes de función pública, los apartados citados (entre los que se encuentra las retribuciones de los funcionarios públicos en el artículo 24) no entrarán en vigor, y seguirá aplicándose en materia de retribuciones la normativa vigente hasta el momento. Como en la Comunidad Autónoma de Canarias no se ha dictado una Ley de Función Pública en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, debemos aplicar la legislación estatal sobre la materia, que por esta Disposición Final Cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público continúa en vigor.

El Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, que dedica sus artículos 3 y 4, a la regulación del complemento de destino y complemento específico, respectivamente.

"Artículo 3. Complemento de destino.

1. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los funcionarios de Administración Local serán los que en cada momento se establezcan para los funcionarios de la Administración del Estado.

2. Dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la Corporación asignará nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto.

3. En ningún caso los funcionarios de Administración Local podrán obtener puestos de trabajo no incluidos en los niveles del intervalo correspondiente al grupo de titulación en que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría.

4. Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán figurar en el presupuesto anual de la misma con la cuantía que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada nivel.

5. Los funcionarios sólo podrán consolidar grados incluidos en el intervalo correspondiente al grupo en que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Medidas para la reforma de la Función Pública, y de acuerdo con lo establecido en el presente Real Decreto.

Artículo 4. Complemento específico.

1. El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse en consideración conjuntamente dos o más de las condiciones particulares mencionadas que puedan concurrir en un puesto de trabajo.

2. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo atendiendo a las circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo.

3. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de puestos de trabajo, determinará aquellos a los que corresponde un complemento específico, señalando su respectiva cuantía.

4. La cantidad global destinada a la asignación de complementos específicos figurará en el presupuesto y no podrá exceder del límite máximo expresado en el artículo 7.2

a) de esta norma".

Asimismo, continúa vigente, en tanto no se dicte una ley de función pública autonómica, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que en su artículo 23.3 define las retribuciones complementarias de los funcionarios públicos, señalando que son las siguientes.

«a) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe.

b) El complemento específico destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo (…)

En la misma línea de lo anterior, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, consagra

Artículo 90.

1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.

Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.

2. Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública.

Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores. 3. Las Corporaciones locales constituirán Registros de personal, coordinados con los de las demás Administraciones Públicas, según las normas aprobadas por el Gobierno. Los datos inscritos en tal registro determinarán las nóminas, a efectos de la debida justificación de todas las retribuciones.

Artículo 93.

1. Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública.

2. Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos.

Su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen por el Estado.

3. Las Corporaciones locales reflejarán anualmente en sus presupuestos la cuantía de las retribuciones de sus funcionarios en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública.

Fijándose en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales lo siguiente en relación a la aprobación y entrada en vigor del presupuesto.

Artículo 168. Procedimiento de elaboración y aprobación inicial.

1. El presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación.

Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.

Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.

ANEXO de personal de la entidad local.

ANEXO de las inversiones a realizar en el ejercicio.

Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquellos, será remitido a la entidad local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior.

3. Las sociedades mercantiles, incluso de aquéllas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la entidad local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.

4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.

5. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.

Artículo 169. Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor.

1. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. 3. El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial.

4. Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al boletín oficial a que se refiere el apartado anterior.

5. El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo.

6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta Ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.

7. La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.

Segunda. Respecto al procedimiento de revisión.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común señala, en su artículo 102.1, que Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1, de la misma norma legal entre ellos, los previstos en el artículo 62.1 f), a saber, los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, como el que nos ocupa puesto que compete al Pleno fijar dichos conceptos retributivos.

El transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del procedimiento. En línea con lo anterior, el artículo 104 señala que, iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Respecto al límite temporal de la revisión la ley establece que "Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes".

Tercera.- Acumulación.

El artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre señala que el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.

Cuarta.- Conservación.

En virtud de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

Conclusiones.

Primera. El Complemento de Destino atribuido a un puesto de trabajo podrá ser modificado siempre y cuando se realice una previa valoración objetiva de dicho puesto que lo justifique. El Pleno de la Corporación asignará nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto. Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán figurar en el presupuesto anual de la misma con la cuantía que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada nivel. El Complemento Específico atribuido a un puesto de trabajo podrá ser modificado, al igual que el de Destino. El procedimiento es el mismo para ambos complementos. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de puestos de trabajo, determinará aquellos a los que corresponde un complemento específico, señalando su respectiva cuantía.

Segunda. Respecto a los trienios perfeccionados, consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio. Son, por tanto, consecuencia del complemento de destino.

Tercera. Queda expedita la vía de revisión de oficio de actos nulos, al haberse obviado por completo el procedimiento legalmente establecido para la determinación y/o modificación del complemento de destino y específico y, por ende, a los trienios perfeccionados por depender de los anteriores.

Propuesta:

Procede iniciar expediente de revisión de oficio, en orden a la declaración de nulidad de la modificación de complemento de destino y complemento específico y los trienios que de ello se derivan, del Cuerpo de Policía Local de El Paso, en virtud del artículo 62.1 f) de la Ley 30/1992, puesto que se trata de un acto presunto contrario al ordenamiento jurídico por el que se adquieren facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición, puesto que no se ha derivado de una valoración objetiva de puestos de trabajo no de los oportunos acuerdos de los órganos competentes; siguiendo la tramitación siguientes:

A. Por Acuerdo del Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, se dará inicio al expediente de revisión de oficio, pudiéndose suspender la ejecución del acto, cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

B. Se dará trámite de audiencia a los interesados por plazo de 15 días para que aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, e información pública por plazo de 20 días. Téngase en cuenta que, conforme dispone el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en los casos en que deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En el acuerdo municipal en el que solicite dictamen al órgano consultivo habrá de expresarse, en su caso, dicha suspensión por el tiempo transcurrido entre la petición de dictamen y la recepción del mismo. En este sentido, véase el dictamen del Consejo de Estado 5.356/97, de 22 de enero de 1998.

Así, en virtud del artículo 11.1.D.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, este Consejo Consultivo dictaminará preceptivamente sobre la legalidad de la actuación de las Administraciones Públicas de Canarias, en concreto sobre las revisiones de oficio de los actos y disposiciones administrativas y recursos de revisión.

C. Se solicitará Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias. El Consejo Consultivo deberá resolver las consultas en el plazo de treinta días desde la recepción en el Registro de la correspondiente solicitud de dictamen, transcurrido dicho plazo, se considerará cumplida la acción consultiva, excepto en los casos de solicitud de dictamen vinculante, en los que la omisión de éste se entenderá como desfavorable; asimismo dicho Consejo deberá informar motivadamente al órgano solicitante sobre la no emisión del dictamen.

Cuando en la solicitud de dictamen se haga constar su urgencia, el plazo máximo para su despacho será de 15 días, salvo que el Presidente del Gobierno o del Parlamento, en su caso, fijaran otro menor. Si este plazo fuera inferior a 10 días, el Presidente del Consejo Consultivo podrá establecer, excepcionalmente, que la consulta sea despachada por las Secciones, aun siendo competencia del Pleno. La reducción de plazos en estos supuestos deberá ser motivada.

D. Informadas las alegaciones por los Servicios Técnicos Municipales, se emitirán informe-propuesta de Secretaría y Dictamen de la Comisión Informativa, resolviéndose el expediente por Acuerdo del Pleno, que será notificado a los interesados.

Cuarto. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

Es cuanto me complace informar, en la Ciudad de El Paso, a 18 de abril de 2013.

La Secretaria, Miriam Pérez Afonso.

Informe revisión de oficio retribuciones Policía Local.

Dando cumplimiento a la solicitud de la Alcaldía de fecha 21/11/05 recibida en esta Intervención en la misma fecha, se informa sobre los extremos que se deducirán en atención a los siguientes:

Antecedentes de hecho.

I.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 18 de abril de 2013 se solicita, vistos los derechos adquiridos por la Policía Local Municipal mediante silencio administrativo y vistas sentencias dictadas en procedimientos nº 459/2009 y 461/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, se informe por esta Intervención de:

a) Si procede iniciar expediente de revisión de oficio.

b) Si, en caso de iniciarse expediente y de prosperar, procedería requerir el reintegro de las cantidades satisfechas a la Policía Local Municipal.

c) Si se estima procedente la suspensión de la ejecución del acto en orden a evitar perjuicios de muy difícil o imposible reparación.

II.- Mediante escrito de fecha 9 de abril de 2008, con Registro de Entrada nº 2073 de la misma fecha, suscrito por el Delegado del Personal Funcionario de este Ayuntamiento y posteriores escritos suscritos por todos los miembros de la Policía Local de este Ayuntamiento, se solicita un incremento del nivel de complemento de destino de dichos funcionarios, pasando del 16 que ostentaban en esos momentos al 20, que consideran adecuado, alegando su integración el Grupo C, con motivo de la modificación operada en la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, e invocando el Decreto 21/1997, de 20 de febrero, por el que se establece la homogeneización de los complementos de destino y específicos mínimos de los puestos de trabajo adscritos a los cuerpos clasificados en los grupos C, D y E y entendiendo que se encuentran perjudicados con respecto a los demás funcionarios del Grupo C.

Asimismo, solicita un incremento del complemento específico con respecto a los demás funcionarios del mismo Grupo.

III.- En informe jurídico emitido por Abogado Externo de la Corporación, de fecha 30 de enero de 2009, y en sendos informes emitidos por la Secretaría de este Ayuntamiento, de fechas 11 y 26 de mayo de 2009, respectivamente, y que esta Intervención suscribe en su integridad, se concluye la desestimación de las pretensiones de los funcionarios de la Policía Local por considerar que, siendo ajustadas a derecho las retribuciones, que como complemento de destino y específico venían percibiendo aquellos, es el Pleno de la Corporación el órgano competente `para fijar dichos conceptos retributivos.

IV.- Con Registro de Entrada en esta Entidad nº 3978, de fecha 17 de junio de 2009, se recibe comunicación mediante Providencia del Señor MagistradoJuez de la admisión a trámite de recurso contenciosoadministrativo contra resolución presunta, bajo el nº de procedimiento 461/2009, en base a escrito de interposición formulado por la representación sindical en base a los fundamentos de derecho que estimó oportunos.

V. En el procedimiento abreviado sustanciado para resolver el recurso contencioso-administrativo recayó Sentencia de fecha 20 de diciembre de 2011, en la que, apreciando @el sentido de silencio estimatorio de la pretensión del demandante sin perjuicio de la potestad de revisión de actos nulos al amparo del artículo 62.1.f) de la Ley de Procedimiento Administrativo, donde en su caso, habrá de considerarse las cuestiones de fondo alegadas en la contestación a la demanda", se estima el recurso presentado, en cuyo fallo se reconoce a la parte actora el derecho a las retribuciones solicitadas obtenido por silencio administrativo. A los anteriores antecedentes de hecho le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho.

Primero.- Procedencia del expediente de revisión de oficio.

En el presente caso, entendiendo que concurren los requisitos del supuesto regulado en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acto presunto contrario al ordenamiento jurídico por el que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, por considerar que tanto la fijación del complemento de destino y del específico es competencia del Pleno de la Corporación, procede la revisión de oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 102.1 de la misma ley.

Segundo.- Requerimiento de reintegro de las cantidades satisfechas a la Policía Local.

En cuanto a este aspecto, indicar que el artículo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común viene a establecer que, excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados. Es decir, si el acto administrativo resultado de la revisión sustituye al acto presunto, se puede producir lo que en términos jurídicos se denomina efectos "ex tunc" previstos para los casos de nulidad de actos administrativos.

Así, en reiterada jurisprudencia se viene a reconocer estos efectos "ex tunc" como la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de Las Palmas de Gran Canaria, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 13 de noviembre de 2009, rec. 591/2008, que determina que "… sino porque los "ex tunc" quedan reservados para los pronunciamientos de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos (es decir, los recaídos en los procedimientos de revisión de actos nulos de pleno derecho) siendo los efectos "ex nunc" los propios de los procedimientos de mera anulación…".

Tercero.- Suspensión de la ejecución del acto.

La suspensión del acto prevista en el artículo 104 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debe operar si de la ejecución de dicho acto se pueden derivar perjuicios de difícil o imposible reparación para la Administración; debiendo acreditarse que el interés general quede afectado.

Pero es más, el silencio positivo constituye un verdadero acto administrativo eficaz. Así lo viene a reconocer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3º, en sentencia de 9 de marzo de 2009, rec. 2472/2007, cuando determina que "… el silencio positivo constituye un verdadero acto administrativo eficaz, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 30/1992, y en consecuencia, aunque la Administración pueda revisar estos actos en los procedimientos legalmente previstos, no procede la suspensión de su ejecución por el inicio del procedimiento de revisión al ser consecuencia de la misma inactividad administrativa.

En similares términos se pronuncia el mismo Tribunal en sentencia de 24 de noviembre de 2008, rec. 2225/2007 que viene a decir que "el silencio positivo se produce con abstracción de la corrección jurídica del acto, obteniéndose por tanto la valoración de la Sala en la afirmación de que los efectos del silencio se han producido, es decir, en la existencia de un acto, de contenido positivo en el presente caso, que ha puesto fin al procedimiento, y que, sin perjuicio de su posible revisión, sitúa a la Administración Pública en la obligación de ejecutarlo; conclusión que viene reforzada por el propio tenor del artículo 62 f) de la Ley 30/1992, que recoge precisamente un título habilitador para impugnar o revisar lo concedido por silencio administrativo en el supuesto de que el acto incurra en nulidad por haberse otorgado facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición".

Por tanto, es criterio de quien suscribe la no procedencia de la suspensión del acto.

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho del presente informe, se formula la siguiente: Propuesta de resolución.

Procede la tramitación del expediente de revisión de oficio para la declaración de nulidad del acto presunto, sin que quepa la suspensión del acto.

Es todo cuanto cúmpleme informar.- En el Paso, a 20 de noviembre de 2013.

- El Interventor accidental.

Cuarto: Dar traslado de esta Resolución a los interesados, con indicación de los recursos que, frente a la misma, quepa interponer, indicando órgano ante el que deben interponerse y plazo, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.

Quinto: Dar traslado de esta Resolución al Consejo Consultivo de Canarias en virtud de lo dispuesto en la D.A. Segunda del Decreto 182/2005, de 26 de julio.

En El Paso, a 10 de febrero de 2014.

La Alcaldesa, María Dolores Padilla Felipe.

Visto dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior y Organización, adoptado en Sesión de 11 de febrero de 2014, favorable unánime a la declaración de nulidad en los términos de los informes.

El Pleno, por unanimidad acuerda:

Primero: Admitir a trámite las alegaciones presentadas por los interesados, al haber sido presentadas en plazo.

Segundo: Desestimar estas alegaciones, puesto que, según lo expresado en el cuerpo del informe de Secretaría de 8 de febrero de 2014, que se transcribe, no oponen fundamentos legales a la causa de nulidad esgrimida, entendiendo que la pretensión de declaración de nulidad es conforme a derecho, puesto que, en ningún momento, los interesados constatan disponer efectivamente de las facultades necesarias para adquirir los derechos obtenidos por silencio administrativo.

Informe de Secretaría.

Alegaciones en expediente de revisión de oficio de las retribuciones de la Policía Local obtenidas por silencio administrativo a raíz de sentencias dictadas en procedimientos nº 459/2009 y 461/2009.

Antecedentes:

Primero: El Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión Ordinaria de 26 de noviembre de 2013 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero: Iniciar expediente de revisión de oficio de los derechos adquiridos por la Policía Local Municipal por silencio administrativo en virtud de sentencias dictadas en procedimientos nº 459/2009 y nº 461/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, en virtud del artículo 62.1 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por estimarse que se han adquirido derechos careciendo totalmente de los requisitos para ello.

Segundo: Disponer la acumulación del procedimiento de revisión de los derechos adquiridos por la Policía Local Municipal por silencio administrativo en virtud de sentencias dictadas en procedimientos nº 459/2009 y nº 461/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Tercero: Que no se suspenda la ejecución del acto, por no causar perjuicio de imposible o muy difícil reparación.

Cuarto: Que, si se estimare oportuno, se impulse el procedimiento en todos sus trámites.

Segundo: Se notificó el acuerdo a los funcionarios de la plantilla de la Policía Local Municipal, según queda acreditado en el expediente.

Tercero: se procedió, asimismo, a la notificación por publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (nº 163 del miércoles 11 de diciembre de 2013) y en el tablón municipal de edictos.

Cuarto: Que se han presentado en plazo las siguientes alegaciones:

- Juan Antonio Martín Armas, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7956.

- Pedro Arsenio Plata Magdalena, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7957.

- Juan Antonio Martín Armas, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7958. - Pedro Arsenio Plata magdalena, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7959.

- Lope Samuel Rodríguez Lorenzo, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7964.

- María del Rosario Lorenzo Santana, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7965.

- Antonio Adelio González Rodríguez, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7966.

- Juan Antonio Martín Rodríguez, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7967.

- José Ricardo Lorenzo Pérez, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7968.

- Baudilio Nicolás Morales Grillo, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7969.

- María del Rosario Lorenzo Santana, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7970.

- Antonio Adelio González Rodríguez, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7971.

- José Ricardo Lorenzo Pérez, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7972.

- Lope Samuel Rodríguez Lorenzo, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7973.

- Antonio Miguel Ramón Pulido, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7974.

- Juan Antonio Martín Rodríguez, con fecha de 18 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 7975.

- Antonio Miguel Ramón Pulido, con fecha de 19 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 8003.

- José Manuel Lorenzo Riverol, con fecha de 19 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 8004.

- José Manuel Lorenzo Riverol, con fecha de 19 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 8005.

- Alejandro Pérez Capote, con fecha de 19 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 8016.

- Alejandro Pérez Capote, con fecha de 19 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 8017.

- Baudilio Nicolás Morales Grillo, con fecha de 20 de diciembre de 2013 y nº de asiento de Entrada 8058.

Fundamentos de derecho:

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículos 43, 62, 102, 105, 106.

Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, artículo 11.

Decreto 181/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Canarias, artículo 53.

Consideraciones jurídicas.

Primero: En primer lugar se produce una confusión con el término de revocación, sólo aplicable éste a los actos desfavorables o de gravamen, no siendo el supuesto que nos ocupa. Lo que se pretende en el expediente que se sigue es la declaración de nulidad del acto, precisamente por haber incurrido el mismo en el supuesto de nulidad expresado en el artículo 62 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a saber, haber adquirido facultades o derechos acreciendo de los requisitos esenciales para ello. Respecto a las sentencias, se limitan a confirmar el sentido positivo o estimatorio del silencio del artículo 43 de la Ley de procedimiento administrativo, advirtiendo que queda expedita la vía de la revisión de oficio. No entra, por tanto, la sentencia a pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Segundo: Respecto a las resoluciones, el Ayuntamiento, mediante resoluciones de la Alcaldía, nº 862/2012 y 872/2012 acatando tales sentencias, tal y como era el mandato judicial. No menos cierto que la posibilidad de emplear la vía de revisión de oficio de la Ley 30/1992.

Tercero: En lo que afecta a la tramitación del expediente, y concretamente al informe del Consejo Consultivo, éste no se pronuncia en relación a la conveniencia de iniciación del expediente, sino en referencia a la resolución del mismo, a la propuesta de resolución según el Decreto 181/2005, de 26 de julio, exigiéndose el dictamen en sentido favorable a la declaración de nulidad. Respecto a la indefensión, se dio trámite de audiencia, mediante notificación al personal en plantilla de la policía local y a través de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el Tablón de Edictos, como queda acreditado en el expediente y una vez iniciado el mismo; no entendiéndose una eventual procedencia de actuaciones previas como si de procedimiento sancionador se tratara.

Cuarto: Respecto a la interpretación que de las causas de nulidad pueda hacer el Consejo Consultivo, no es quien esta secretaria para valorar, quedando a la espera del preceptivo dictamen que, en su caso, habría de ser favorable a la declaración de nulidad, con su criterio mejor fundado en derecho.

Quinto: En el mismo sentido cabe pronunciarse respecto a los alegantes, siéndole Consejo Consultivo el competente para emitir dictamen. La igualdad argumentada y, por ende, la vulneración del artículo 14 de la CE 78, puesto que se ha de partir de valoraciones objetivas de puestos de trabajo, dentro de los marcos legalmente establecidos, no de equiparaciones lineales con el resto de personal municipal; en referencia a esto ya se pronunció el informe de secretaría de fecha 18 de abril de 2013. La misma sentencia del TC consagra la necesidad de poderse contemplar normativamente situaciones distintas.

Sexto: Respecto a los límites de las facultades de revisión de la Corporación, se enumeran los recogidos en el artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin especificar en qué términos el procedimiento de revisión es contrario a la equidad, buena fe, derechos de particulares, etc.

Séptimo: En lo que afecta a la suspensión del acto, no se acuerda la misma. Del informe de la Intervención se extrae propuesta en el sentido de la no procedencia de suspender la ejecución del acto. En los mismos términos se pronuncia la propuesta que eleva la Alcaldía al Pleno y el mismo acuerdo plenario por entender que continuar en su ejecución no produciría perjuicio de imposible o muy difícil reparación. Continuará, por tanto, esta Administración abonando las cantidades obtenidas por silencia administrativo a raíz de las sentencias dictadas, a espera de la resolución del expediente de revisión de oficio que se tramita y del que habrán de dilucidarse los derechos que corresponden a las partes en cuanto a abonos o devoluciones de cantidades percibidas.

Conclusiones:

Vistas las alegaciones presentadas por los interesados, en lo referente a la tramitación del expediente, se estima que han quedado garantizados los derechos de audiencia a los interesados, impulsando el procedimiento en sus trámites y a expensas de la solicitud y emisión de dictamen del Consejo Consultivo de Canarias que, en su caso, habrá de pronunciarse en sentido favorable. En todo caso, el órgano consultivo se pronunciará en relación a la tramitación del expediente y, en su caso, requerirá las actuaciones complementarias que sean imprescindibles.

Respecto al fondo del asunto, no se infiere que los interesados nieguen la causa de nulidad del artículo 62 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ni fundamente la procedencia de sus retribuciones más allá que derivándolas del sentido positivo del silencio consagrado en las mentadas sentencias judiciales.

En ningún momento se acuerda la suspensión del acto administrativo objeto de revisión, por entender que continuar en su ejecución no causaría a las partes perjuicio de imposible o muy difícil reparación, no procediendo lo alegado por los interesados.

Propuesta:

Visto cuanto antecede se eleva lo siguiente para su consideración por el órgano competente:

Primero: Admitir a trámite las alegaciones presentadas por los interesados, al haber sido presentadas en plazo.

Segundo: Desestimar estas alegaciones, puesto que, según lo expresado en el cuerpo de este informe, no oponen fundamentos legales a la causa de nulidad esgrimida, entendiendo que la pretensión de declaración de nulidad es conforme a derecho, puesto que, en ningún momento, los interesados constatan disponer efectivamente de las facultades necesarias para adquirir los derechos obtenidos por silencio administrativo.

Es cuanto me complace informar, en la Ciudad de El Paso, a 8 de enero de 2014.

La Secretaria, Miriam Pérez Afonso. Tercero: Declarar nulos de pleno derecho los derechos adquiridos por la Policía Local Municipal por silencio administrativo en virtud de sentencias dictadas en procedimientos nº 459/2009 y nº 461/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, en virtud del artículo 62.1 f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por estimarse que se han adquirido derechos careciendo totalmente de los requisitos para ello, quedando acreditado en el expediente instruido al efecto que tales derechos no han venido precedidos de una valoración objetiva de los puestos de trabajo, ni de los oportunos acuerdos plenarios en orden a la fijación de los complementos de destino y específico y según lo recogido en los informes de Secretaría e Intervención que, a continuación, se transcriben, incorporándose a la presente como motivación de la resolución, iniciándose asimismo expediente de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas a raíz de las sentencias señaladas:

Informe de Secretaría.

Recibida Providencia de la Alcaldía de 16 de abril de 2013 en orden a que se evacúe informe en relación a los derechos adquiridos por la Policía Local Municipal mediante silencio administrativo y vistas sentencias dictadas en procedimientos nº 459/2009 y 461/2009, Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife.

Antecedentes:

Primero: Con fecha de 9 de abril de 2008 y nº de asiento de Entrada 2073 se recibe en esta Corporación instancia de Don Antonio Adelio González Rodríguez en la que expone:

"Con respecto a la reciente subida de grupo experimentada en los funcionarios de Policía Local (Grupo D a Grupo C), con motivo de la reforma de la Ley 6/1997, de 4 de julio de Coordinación de Policías Locales de Canarias, modificada por la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencia; se ha detectado por parte del Delegado de Personal, que dichos funcionarios se encuentran perjudicados, con respecto a los demás funcionarios del Grupo C de esta Administración, al encontrase muy por debajo en el complemento de DestinoPolicía Local en el nivel 16, Oficial en el Nivel 18- presentando el resto de los funcionarios encuadrados en el grupo C el nivel 20, tal y como se recoge en el artículo 14 "Tabla de Niveles y Complemento de Destino" del vigente Acuerdo del Personal Funcionario de esta Administración.

Asimismo, en el complemento específico, se ha detectado también una diferencia sustancia, con respecto a los demás funcionarios que presentan igual grupo que los funcionarios policiales de esta Administración.

Por tal motivo, y a la vista de los argumentos expuestos, este Delegado de Personal propone la corrección de dicha diferencia, modificando los niveles de los funcionarios policiales, ajustándolos al presente acuerdoPolicía Nivel 20, Oficial Nivel 20-, con el fin de regularizar la situación de perjuicio que están sufriendo en la actualidad los funcionarios policiales.

Se adjunta un anexo en el que figura un estudio económico medio del coste total que supondría la regularización salarial".

Segundo: Con fecha de 10 de julio de 2008, se reitera lo anterior con Registros de Entrada nº 4365, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366 y 4367 a instancias del Delegado de Personal y de cada funcionario del Cuerpo de Policía Local Municipal.

Tercero: Con fecha de 18 de diciembre de 2008 y nº de asiento de Entrada 7903 se insta el abono de las diferencias retributivas anteriores, exigencia en su cuantía económica de los trienios consolidados como consecuencia de la reclasificación y pase al Grupo D, perfeccionados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2007, según el nuevo grupo de titulación.

Cuarto: No se resuelve de forma expresa por el órgano municipal competente en la materia.

Quinto: Impugnado ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo se dictan sentencias en procedimientos nº 459/2009 y 461/2009 fallando en el sentido de que opera el silencio positivo en relación a las pretensiones de la Policía Local, sin perjuicio de la revisión de actos nulos.

Sexto: Mediante resoluciones de Alcaldía se acatan ambas sentencias, procediéndose al abono de las cantidades correspondientes. Fundamentos de derecho:

En virtud de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 23, las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarán integradas única y exclusivamente por:

a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo.

b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio.

Primera. Respecto al establecimiento del complemento de destino y del complemento específico en el ámbito de la Administración Local.

La Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público dispone en su apartado segundo que «No obstante lo establecido en los Capítulos II y III del Título III, excepto el artículo 25.2, y en el Capítulo III del Título V producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto». Ello significa que hasta que las Comunidades Autónomas no aprueben sus propias leyes de función pública, los apartados citados (entre los que se encuentra las retribuciones de los funcionarios públicos en el artículo 24) no entrarán en vigor, y seguirá aplicándose en materia de retribuciones la normativa vigente hasta el momento. Como en la Comunidad Autónoma de Canarias no se ha dictado una Ley de Función Pública en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, debemos aplicar la legislación estatal sobre la materia, que por esta Disposición Final Cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público continúa en vigor.

El Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, que dedica sus artículos 3 y 4, a la regulación del complemento de destino y complemento específico, respectivamente.

"Artículo 3. Complemento de destino.

1. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo de los funcionarios de Administración Local serán los que en cada momento se establezcan para los funcionarios de la Administración del Estado.

2. Dentro de los límites máximo y mínimo señalados, el Pleno de la Corporación asignará nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto.

3. En ningún caso los funcionarios de Administración Local podrán obtener puestos de trabajo no incluidos en los niveles del intervalo correspondiente al grupo de titulación en que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría.

4. Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán figurar en el presupuesto anual de la misma con la cuantía que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada nivel.

5. Los funcionarios sólo podrán consolidar grados incluidos en el intervalo correspondiente al grupo en que figure clasificada su Escala, Subescala, clase o categoría, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Medidas para la reforma de la Función Pública, y de acuerdo con lo establecido en el presente Real Decreto.

Artículo 4. Complemento específico.

1. El complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse en consideración conjuntamente dos o más de las condiciones particulares mencionadas que puedan concurrir en un puesto de trabajo.

2. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo atendiendo a las circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo.

3. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de puestos de trabajo, determinará aquellos a los que corresponde un complemento específico, señalando su respectiva cuantía. 4. La cantidad global destinada a la asignación de complementos específicos figurará en el presupuesto y no podrá exceder del límite máximo expresado en el artículo 7.2

a) de esta norma".

Asimismo, continúa vigente, en tanto no se dicte una ley de función pública autonómica, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que en su artículo 23.3 define las retribuciones complementarias de los funcionarios públicos, señalando que son las siguientes.

«a) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe.

b) El complemento específico destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo (…).

En la misma línea de lo anterior, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, consagra

Artículo 90.

1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.

Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general.

2. Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública.

Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores.

3. Las Corporaciones locales constituirán Registros de personal, coordinados con los de las demás Administraciones Públicas, según las normas aprobadas por el Gobierno. Los datos inscritos en tal registro determinarán las nóminas, a efectos de la debida justificación de todas las retribuciones.

Artículo 93.

1. Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública.

2. Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos.

Su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen por el Estado.

3. Las Corporaciones locales reflejarán anualmente en sus presupuestos la cuantía de las retribuciones de sus funcionarios en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública.

Fijándose en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales lo siguiente en relación a la aprobación y entrada en vigor del presupuesto.

Artículo 168. Procedimiento de elaboración y aprobación inicial.

1. El presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación.

Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.

Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.

ANEXO de personal de la entidad local.

ANEXO de las inversiones a realizar en el ejercicio.

Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquellos, será remitido a la entidad local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior.

3. Las sociedades mercantiles, incluso de aquéllas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la entidad local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.

4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.

5. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.

Artículo 169. Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor.

1. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

3. El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial.

4. Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al boletín oficial a que se refiere el apartado anterior.

5. El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo.

6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta Ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.

7. La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.

Segunda. Respecto al procedimiento de revisión.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común señala, en su artículo 102.1, que Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1, de la misma norma legal entre ellos, los previstos en el artículo 62.1 f), a saber, los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, como el que nos ocupa puesto que compete al Pleno fijar dichos conceptos retributivos. El transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del procedimiento. En línea con lo anterior, el artículo 104 señala que, iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Respecto al límite temporal de la revisión la ley establece que "Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes".

Tercera.- Acumulación.

El artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre señala que el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.

Cuarta.- Conservación.

En virtud de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

Conclusiones.

Primera. El Complemento de Destino atribuido a un puesto de trabajo podrá ser modificado siempre y cuando se realice una previa valoración objetiva de dicho puesto que lo justifique. El Pleno de la Corporación asignará nivel a cada puesto de trabajo atendiendo a criterios de especialización, responsabilidad, competencia y mando, así como a la complejidad territorial y funcional de los servicios en que esté situado el puesto. Los complementos de destino asignados por la Corporación deberán figurar en el presupuesto anual de la misma con la cuantía que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada nivel. El Complemento Específico atribuido a un puesto de trabajo podrá ser modificado, al igual que el de Destino. El procedimiento es el mismo para ambos complementos. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con carácter previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de trabajo. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de puestos de trabajo, determinará aquellos a los que corresponde un complemento específico, señalando su respectiva cuantía.

Segunda. Respecto a los trienios perfeccionados, consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio. Son, por tanto, consecuencia del complemento de destino.

Tercera. Queda expedita la vía de revisión de oficio de actos nulos, al haberse obviado por completo el procedimiento legalmente establecido para la determinación y/o modificación del complemento de destino y específico y, por ende, a los trienios perfeccionados por depender de los anteriores.

Propuesta:

Procede iniciar expediente de revisión de oficio, en orden a la declaración de nulidad de la modificación de complemento de destino y complemento específico y los trienios que de ello se derivan, del Cuerpo de Policía Local de El Paso, en virtud del artículo 62.1 f) de la Ley 30/1992, puesto que se trata de un acto presunto contrario al ordenamiento jurídico por el que se adquieren facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición, puesto que no se ha derivado de una valoración objetiva de puestos de trabajo no de los oportunos acuerdos de los órganos competentes; siguiendo la tramitación siguientes:

A. Por Acuerdo del Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, se dará inicio al expediente de revisión de oficio, pudiéndose suspender la ejecución del acto, cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

B. Se dará trámite de audiencia a los interesados por plazo de 15 días para que aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, e información pública por plazo de 20 días. Téngase en cuenta que, conforme dispone el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en los casos en que deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En el acuerdo municipal en el que solicite dictamen al órgano consultivo habrá de expresarse, en su caso, dicha suspensión por el tiempo transcurrido entre la petición de dictamen y la recepción del mismo. En este sentido, véase el dictamen del Consejo de Estado 5.356/97, de 22 de enero de 1998.

Así, en virtud del artículo 11.1.D.b) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, este Consejo Consultivo dictaminará preceptivamente sobre la legalidad de la actuación de las Administraciones Públicas de Canarias, en concreto sobre las revisiones de oficio de los actos y disposiciones administrativas y recursos de revisión.

C. Se solicitará Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias. El Consejo Consultivo deberá resolver las consultas en el plazo de treinta días desde la recepción en el Registro de la correspondiente solicitud de dictamen, transcurrido dicho plazo, se considerará cumplida la acción consultiva, excepto en los casos de solicitud de dictamen vinculante, en los que la omisión de éste se entenderá como desfavorable; asimismo dicho Consejo deberá informar motivadamente al órgano solicitante sobre la no emisión del dictamen.

Cuando en la solicitud de dictamen se haga constar su urgencia, el plazo máximo para su despacho será de 15 días, salvo que el Presidente del Gobierno o del Parlamento, en su caso, fijaran otro menor. Si este plazo fuera inferior a 10 días, el Presidente del Consejo Consultivo podrá establecer, excepcionalmente, que la consulta sea despachada por las Secciones, aun siendo competencia del Pleno. La reducción de plazos en estos supuestos deberá ser motivada.

D. Informadas las alegaciones por los Servicios Técnicos Municipales, se emitirán informe-propuesta de Secretaría y Dictamen de la Comisión Informativa, resolviéndose el expediente por Acuerdo del Pleno, que será notificado a los interesados.

Cuarto. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

Es cuanto me complace informar, en la Ciudad de El Paso, a 18 de abril de 2013.

La Secretaria, Miriam Pérez Afonso.

Informe revisión de oficio retribuciones Policía Local.

Dando cumplimiento a la solicitud de la Alcaldía de fecha 21.11.05 recibida en esta Intervención en la misma fecha, se informa sobre los extremos que se deducirán en atención a los siguientes:

Antecedentes de hecho.

I.- Mediante Providencia de la Alcaldía de fecha 18 de abril de 2013 se solicita, vistos los derechos adquiridos por la Policía Local Municipal mediante silencio administrativo y vistas sentencias dictadas en procedimientos nº 459/2009 y 461/2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, se informe por esta Intervención de:

a) Si procede iniciar expediente de revisión de oficio.

b) Si, en caso de iniciarse expediente y de prosperar, procedería requerir el reintegro de las cantidades satisfechas a la Policía Local Municipal.

c) Si se estima procedente la suspensión de la ejecución del acto en orden a evitar perjuicios de muy difícil o imposible reparación.

II.- Mediante escrito de fecha 9 de abril de 2008, con Registro de Entrada nº 2073 de la misma fecha, suscrito por el Delegado del Personal Funcionario de este Ayuntamiento y posteriores escritos suscritos por todos los miembros de la Policía Local de este Ayuntamiento, se solicita un incremento del nivel de complemento de destino de dichos funcionarios, pasando del 16 que ostentaban en esos momentos al 20, que consideran adecuado, alegando su integración el Grupo C, con motivo de la modificación operada en la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, e invocando el Decreto 21/1997, de 20 de febrero, por el que se establece la homogeneización de los complementos de destino y específicos mínimos de los puestos de trabajo adscritos a los cuerpos clasificados en los grupos C, D y E y entendiendo que se encuentran perjudicados con respecto a los demás funcionarios del Grupo C.

Asimismo, solicita un incremento del complemento específico con respecto a los demás funcionarios del mismo Grupo.

III.- En informe jurídico emitido por Abogado Externo de la Corporación, de fecha 30 de enero de 2009, y en sendos informes emitidos por la Secretaría de este Ayuntamiento, de fechas 11 y 26 de mayo de 2009, respectivamente, y que esta Intervención suscribe en su integridad, se concluye la desestimación de las pretensiones de los funcionarios de la Policía Local por considerar que, siendo ajustadas a derecho las retribuciones, que como complemento de destino y específico venían percibiendo aquellos, es el Pleno de la Corporación el órgano competente `para fijar dichos conceptos retributivos.

IV.- Con Registro de Entrada en esta Entidad nº 3978, de fecha 17 de junio de 2009, se recibe comunicación mediante Providencia del Señor MagistradoJuez de la admisión a trámite de recurso contenciosoadministrativo contra resolución presunta, bajo el nº de procedimiento 461/2009, en base a escrito de interposición formulado por la representación sindical en base a los fundamentos de derecho que estimó oportunos.

V. En el procedimiento abreviado sustanciado para resolver el recurso contencioso-administrativo recayó Sentencia de fecha 20 de diciembre de 2011, en la que, apreciando @el sentido de silencio estimatorio de la pretensión del demandante sin perjuicio de la potestad de revisión de actos nulos al amparo del artículo 62.1.f) de la Ley de Procedimiento Administrativo, donde en su caso, habrá de considerarse las cuestiones de fondo alegadas en la contestación a la demanda", se estima el recurso presentado, en cuyo fallo se reconoce a la parte actora el derecho a las retribuciones solicitadas obtenido por silencio administrativo.

A los anteriores antecedentes de hecho le son de aplicación los siguientes

Fundamentos de derecho.

Primero.- Procedencia del expediente de revisión de oficio.

En el presente caso, entendiendo que concurren los requisitos del supuesto regulado en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acto presunto contrario al ordenamiento jurídico por el que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, por considerar que tanto la fijación del complemento de destino y del específico es competencia del Pleno de la Corporación, procede la revisión de oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 102.1 de la misma ley.

Segundo.- Requerimiento de reintegro de las cantidades satisfechas a la Policía Local.

En cuanto a este aspecto, indicar que el artículo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común viene a establecer que, excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados. Es decir, si el acto administrativo resultado de la revisión sustituye al acto presunto, se puede producir lo que en términos jurídicos se denomina efectos "ex tunc" previstos para los casos de nulidad de actos administrativos.

Así, en reiterada jurisprudencia se viene a reconocer estos efectos "ex tunc" como la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de Las Palmas de Gran Canaria, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 13 de noviembre de 2009, rec. 591/2008, que determina que "… sino porque los "ex tunc" quedan reservados para los pronunciamientos de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos (es decir, los recaídos en los procedimientos de revisión de actos nulos de pleno derecho) siendo los efectos "ex nunc" los propios de los procedimientos de mera anulación…"

Tercero.- Suspensión de la ejecución del acto.

La suspensión del acto prevista en el artículo 104 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debe operar si de la ejecución de dicho acto se pueden derivar perjuicios de difícil o imposible reparación para la Administración; debiendo acreditarse que el interés general quede afectado.

Pero es más, el silencio positivo constituye un verdadero acto administrativo eficaz. Así lo viene a reconocer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3º, en sentencia de 9 de marzo de 2009, rec. 2472/2007, cuando determina que "… el silencio positivo constituye un verdadero acto administrativo eficaz, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley 30/1992, y en consecuencia, aunque la Administración pueda revisar estos actos en los procedimientos legalmente previstos, no procede la suspensión de su ejecución por el inicio del procedimiento de revisión al ser consecuencia de la misma inactividad administrativa.

En similares términos se pronuncia el mismo Tribunal en sentencia de 24 de noviembre de 2008, rec. 2225/2007 que viene a decir que "el silencio positivo se produce con abstracción de la corrección jurídica del acto, obteniéndose por tanto la valoración de la Sala en la afirmación de que los efectos del silencio se han producido, es decir, en la existencia de un acto, de contenido positivo en el presente caso, que ha puesto fin al procedimiento, y que, sin perjuicio de su posible revisión, sitúa a la Administración Pública en la obligación de ejecutarlo; conclusión que viene reforzada por el propio tenor del artículo 62 f) de la Ley 30/1992, que recoge precisamente un título habilitador para impugnar o revisar lo concedido por silencio administrativo en el supuesto de que el acto incurra en nulidad por haberse otorgado facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición".

Por tanto, es criterio de quien suscribe la no procedencia de la suspensión del acto.

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho del presente informe, se formula la siguiente

Propuesta de resolución.

Procede la tramitación del expediente de revisión de oficio para la declaración de nulidad del acto presunto, sin que quepa la suspensión del acto.

Es todo cuanto cúmpleme informar.- En el Paso, a 20 de noviembre de 2013.

- El Interventor accidental.

Cuarto: Dar traslado de esta Resolución a los interesados, con indicación de los recursos que, frente a la misma, quepa interponer, indicando órgano ante el que deben interponerse y plazo, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.

Quinto: Dar traslado de esta Resolución al Consejo Consultivo de Canarias en virtud de lo dispuesto en la D.A. Segunda del Decreto 182/2005, de 26 de julio.

Sexto: Poner la presente en conocimiento de la Intervención y de la Asesoría Laboral a los oportunos efectos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el Pleno de este Ayuntamiento de El Paso, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En El Paso, a 19 de febrero de 2014.

La Alcaldesa, María Dolores Padilla Felipe.